A continuación transcribimos lo más destacado del artículo extraído de la página web del Sindic de Greuges o el Defensor del Pueblo para Cataluña: 

(que puedes ver completo aquí )

“El Síndic de Greuges de Cataluña se ha pronunciado a favor de aplazar la obligatoriedad del seguimiento del actual protocolo de atención en casos de trastorno de déficit de atención e hiperactividad (TDAH) entre la población infantil y juvenil en Cataluña.

El Síndic ha recibido diversas quejas de colectivos de profesionales del sector sobre la falta del consenso necesario para que el protocolo sea de cumplimiento obligado, y también denuncias sobre una posible sobrediagnóstico y sobremedicalización de los niños diagnosticados con TDAH.

El Síndic comparte la voluntad del Departamento de Salud de aportar criterios para garantizar la equidad en el tratamiento, pero constata que la realidad asistencial en Cataluña muestra unas fuertes discrepancias a la hora de diagnosticar y tratar pacientes con TDAH que no se han podido incluir en el protocolo.

Actualmente, las cifras demuestran que la incidencia del TDAH varía mucho dentro de la misma red asistencial pública de salud mental, sin más explicación posible que los diferentes criterios diagnósticos utilizados. En la Región Sanitaria de Barcelona hay CSMIJ, como el de Molins de Rei, que diagnostica un 2,48% del total de los pacientes con TDAH, mientras que un 58,78% de los pacientes atendidos en el CSMIJ de Sant Cugat del Vallès obtienen este diagnóstico.

Una vez analizada la información recibida por parte del Departamento de Salud, y también sus publicaciones oficiales, el Síndic le ha recomendado que fomente un debate abierto y riguroso entre los profesionales dentro de la deontología propia de cada disciplina.

El Síndic ha tenido especialmente en cuenta informaciones como la publicada en el Boletín de Farmacovigilancia de Cataluña, dependiente del Departamento de Salud, en que se alerta sobre la toxicidad y el posible uso abusivo de la medicación.

El mismo Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya manifestaba su preocupación porque en un corto periodo de tiempo había aumentado en España la prescripción de psicoestimulantes a niños diagnosticados con TDAH.

El Síndic ha venido alertando de la saturación de la red de salud mental infantil y juvenil. Esta situación, de acuerdo con la información recibida, puede comportar déficits en el tratamiento psicoterapéutico, más largo y costoso, con el posible efecto de fomentar un uso excesivo de un tratamiento farmacológico que se ha asociado a efectos adversos graves, como trastornos cardíacos y psiquiátricos, y que pueden producir retraso de crecimiento a largo plazo.

Los pacientes tratados farmacológicamente con TDAH a cargo de la red sanitaria pública en Cataluña en el año 2014 menores de 18 años fueron 17.151, de los cuales 6.471 eran menores de 12 años.

El Síndic ha sugerido que, mientras no se extraen conclusiones más consensuadas entre los profesionales, se valore el uso del protocolo como guía de práctica clínica orientativa y no de cumplimiento obligado.”

La CCDH, Comisión Ciudadana de Derechos Humanos de Cataluña solicito que se hiciera algo al respecto de la situación descontrolada de los diagnósticos y tratamiento psiquiátrico en los menores.

Interesante ver la resolución completa en Pdf, de la Web del Sindic de Cataluña, escrito en catalán aquí, y escrito en español lo puedes ver aquí. De la cual extraemos  la parte que tiene que ver con la queja que le hizo CCDH:

“En el año 2014 la entidad Comisión Ciudadana de Derechos Humanos presento una queja, 9824/2014, la cual planteaba un posible sobrediagnóstico y sobremedicación del llamado trastorno del déficit de atención e hiperactividad (TDAH) entre la población infantil i juvenil de Cataluña.

– El número de casos diagnosticados con TDAH en Cataluña en los últimos dos años, evolución respecto a los últimos 10 años y distribución por edades.

– De estos, el número de casos que reciben tratamiento farmacológico.

– Los protocolos establecidos para el diagnóstico del trastorno: posibilidad o exigencia de pruebas diagnósticas complementarias tales como la revisión de la dieta alimentaria del menor y la realización de pruebas de audición y de visión.

– La información facilitada a los padres, tutores y menores sobre efectos secundarios de la medicalización, modelo de documento de consentimiento informado ofrecido con la prescripción de tratamiento farmacológico.

_ … etc “. 

(Continuar leyendo en el informe en castellano aquí –