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Psiquiatría, pseudociencia y sanidad pública

Publicado por en 07/08/2019 – 11:01

Articulo de opinión de D. Luís de Miguel Ortega

D. Luís de Miguel Ortega

Artículo de opinión, por el abogado D. Luís de Miguel Ortega.

«La psiquiatría es esa profesión médica incapaz de hacer un diagnóstico basado en evidencias, que utiliza medicamentos sin base científica y cuya seguridad no está garantizada y que lejos de servir al paciente, sirve a una maquinaria de control social que a veces se convierte en agente de la venganza social y política.

El Psiquiatra rompe su juramento hipocrático y deja de ser el curador del paciente para ser el vigilante del orden social, pasa de velar por el bienestar del paciente a ser “policía del bienestar de la sociedad”, con el antiguo pretexto de que el loco es peligroso y necesita corrección y aislamiento. Ya lo decía la ley de internamientos de la República Francesa en 1837 -la primera-, que nacio para proteger a la sociedad de los locos e inmorales.

La psiquiatría como pseudociencia no ha conseguido validar ni una sola hipótesis sobre ninguna enfermedad psiquiátrica presuntamente “conocida”.

Se desconocen las causas de cualquiera de las enfermedades (mentales), la evolución o el pronóstico y cuando algún científico se le ocurre relacionar la enfermedad mental con problemas metabólicos, intoxicaciones, vacunas, parasitosis o infecciones, aparece la censura inquisitorial para apagar la ciencia: “Estamos muy contentos con nuestra pseudociencia. No molesten.”

La psiquiatría como pseudociencia tampoco es capaz de explicar como las neurotoxinas que llaman tratamientos, son capaces siquiera de mejorar la situación de un enfermo. No hay controles de farmacodinámica ni de seguridad. De hecho ningún paciente se cura con esos venenos y a lo más que se llega es a adormecer la conciencia y evitar conductas sociales displicentes o incómodas, eso sí, reduciendo de media en 20 años la esperanza de vida de los pacientes y exponiéndoles a graves riesgos de descontrol y violencia.

Luego dirán que el enfermo mental es peligroso y violento, cuando lo cierto es que SOLO los enfermos en tratamiento son a veces violentos.

No conozco ningún caso de una enfermedad que curse con arrancarse los ojos a uno mismo o a otro, o que lleve a una persona a estrellar un avión o a enfundarse una escopeta y disparar a la gente, pero sí que se conoce el efecto de las drogas psiquiátricas en este sentido y hay suficiente evidencia científica de que la violencia la causan las drogas psiquiátricas.

Una paciente mía renuncio a defenderse y empezó a tomarse la medicación pautada como le habían dicho. La encontraron dormida en la ducha, bajo un chorro de agua hirviendo y tuvieron que amputarle una pierna con graves secuelas en la otra (no conozco ninguna enfermedad mental que curse con ese tipo de anestesia…).

La psiquiatría como pseudociencia ignora y tapa los descubrimientos y análisis sobre la peligrosidad de los tratamientos, la adicción y los efectos de retirada que tantas muertes y desgracias causan e ignoran los estudios científicos de las muertes que se han acreditado.

El gran problema de la medicación es que es tan peligrosa cuando se toma que cuando se deja de tomar -mono-, pero siempre hay un psiquiatra dispuesto a afirmar que el problema es el enfermo. Tapan, en el colmo del esperpento, los fraudes de la industria farmacéutica que sistemáticamente miente y esconde los resultados negativos, como los casos de suicidios inexplicables de gente sana durante ensayos o que nunca había tenido ideas suicidas.

La psiquiatría como pseudociencia y como ideología totalitaria debe verse auxiliada por la fuerza y la coerción, y no tiene aliados en la ciencia o en la moral, sino en los jueces y fiscales al servicio del estado y del “interés general”. El psiquiatra se convierte en policía con bata y se empeña en entrometerse en la vida privada de los pacientes aun sin el consentimiento de los mismos.

El psiquiatra es quien de forma absolutamente ilegal envía un fax al juzgado para solicitar un internamiento involuntario, por causas falsa, sin urgencia necesaria, ante medidas menos restrictivas e incluso por cuestiones de ego como “no viene a mi consulta desde hace meses”. El psiquiatra es la única persona que sin ser parte de un procedimiento, lo inicia y lo mantiene y no necesita ni abogado ni procurador para conseguir una resolución judicial que le favorezca. El psiquiatra es capaz de enviar un fax a un juzgado para solicitar que la policía entre en un domicilio para detener a un paciente que no quiere tomar la medicación, o que traslada a un paciente de madrugada en helicóptero, para hacer imposible las visitas de sus familiares.

El psiquiatra es ese “profesional” que puede coaccionar y amenazar a una paciente psiquiátrica para que aborte y hacerlo incluso sin su consentimiento “por el bien de la madre y el bebé”. Hay un número indeterminado de abortos coactivos en España a manos de psiquiatras que no quieren que los ciudadanos veamos la catástrofe que le pasa a un niño cuando nace después de haber estado sufriendo la medicación psiquiátrica que tomaba la madre. Nacen con el síndrome de retirada, con el mono, en la peor de las condiciones. No es bueno que se vea lo peligrosa que es la medicación psiquiátrica, esa que nunca ha curado a nadie. En Vigo en 2016, a una cliente mía le dijeron que abortaría por las buenas o por las malas. La ingresaron involuntariamente y el resultado se lo pueden imaginar y si no se lo imaginan está documentado…

El psiquiatra también cuenta con el apoyo de las “asociaciones de pacientes” financiadas por las farmacéuticas (TODAS) y que a cambio de ayudas reconocen lo que les manden reconocer, y el apoyo de organismos como CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), que insiste en promover legislaciones que “faciliten” el internamiento y tratamiento involuntario para mayor comodidad de los cuidadores y para mayor seguridad de la sociedad.

Hace unos días casi me echan de un congreso de juristas sanitarios -con grave afrenta al honor en público- por decir cosas parecidas en una de mis comunicaciones. Mi comunicación era posterior a la de dos grandes juristas “funcionarios” que reconocían que “hay cosas que se hacen muy mal, pero que no se pueden hacer mejor”; “los pacientes deberían ser más agradecidos por todo lo que hacemos por ellos”.

Hoy se publica en El Mundo un reportaje sobre “La jueza enloquecida por el comisario Villarejo”, donde se relata parte de las desventuras de esta Jueza ahora internada en un psiquiátrico de Palencia. https://www.elmundo.es/cronica/2019/08/04/5d44697521efa022268b4572.html.

En 2017 una mujer murió de una meningitis no diagnosticada después de estar atada a la cama 75 horas https://elpais.com/sociedad/2019/04/18/actualidad/1555612101_291957.html.

En junio de 2015, fallece Toni, un chico valenciano que estaba siendo tratado por esquizofrenia y al que nunca le diagnosticaron el tumor de hipófisis que tenía y al que le dieron 28 medicamentos psiquiátricos para probar y para intentar tapar el fracaso “médico”, con 117 cambios de tratamiento y dosis que superaban con mucho las permitidas por las fichas técnicas de seguridad de los medicamentos.

Hace unos días nos despertábamos con la noticia de que un estudiante de medicina se arrancó los ojos en plena calle e intentó arrancarse los genitales tras “haber dejado la medicación” en mayo de 2019. https://www.elmundo.es/internacional/2019/05/13/5cd9281efdddfff9478b45a1.html.

Esta no es la única noticia de este tipo, ya que un interno en una unidad psiquiátrica se había “sacado los ojos” en junio de 2019. https://www.elmundo.es/andalucia/2019/06/24/5d1104d9fdddff7d888b466d.html. Y ya en 2013, un enfermo le sacó los ojos a otro en una unidad psiquiátrica de un hospital. https://elpais.com/ccaa/2013/02/04/andalucia/1360002215_730194.html

Volviendo al caso de la jueza.

La Juez en cuestión, fue internada en una unidad psiquiátrica sin ninguna garantía de defensa, como los 65.000 casos de internamientos y tratamientos involuntarios que se practican al año en España. No tuvo derecho a abogado, ni a defenderse ni a presentar informes. Un caso más en el que se privó de derechos fundamentales a una persona -los más fundamentales de todos- por una razón psiquiátrica y “por su propio bien”. Por su propio bien, se le privó de defensa y de audiencia y del derecho a la medida menos restrictiva e incluso al consentimiento informado.

Por su propio bien, el Ministerio Fiscal fue parte en el procedimiento validando todas y cada una de las decisiones que tomaba el Juez, sin pensar ni por un segundo, en los derechos y garantías que se merece todo justiciable. Por su propio bien se designó “tutor provisional” figura inexistente en nuestro ordenamiento jurídico y que recayó, no en familiares, amigos o personas de confianza de la Juez, sino en una archipolémica fundación pública AMTA -conocida por sus abusos a discapaces-, cuando la Ley solo reconoce legitimidad de estas instituciones como última ratio, es decir, cuando no existe ninguna otra alternativa posible.

Con frecuencia vemos en los Juzgado de Madrid que AMTA -su abogado- sin ser parte en el procedimiento de internamiento o incapacitación, se sienta en el estrado junto con el fiscal, algo que repugna la dignidad de esta profesión y de la administración de justicia.

No solo se la interna sin garantías y se designa un “tutor provisional” ficticio y en contra de sus más elementales derechos sino que además sufre un tratamiento involuntario e indebido.

La Juez de la que se habla no tiene la más mínima patología psiquiátrica. Puede estar estresada, cansada, o harta de su situación, pero nada de ello es una enfermedad mental, como en la inmensa mayoría de los casos psiquiátricos de España. Y digo esto sin sonrrojo, porque el diagnóstico psiquiátrico es mera pseudociencia y asqueroso juicio de valor.

En todas las vistas en las que he podido interrogar a médicos o psiquiatras sobre la forma de establecer el diagnóstico, en ningún caso han establecido un modelo válido, mínimamente científico de diagnóstico. Se basan en su propia observación, juicios de valor infundados, manifiestamente exagerados y a veces argumentos delirantes del propio psiquiatra.

Ni una sola prueba analítica, ni una sola prueba de imagen, ninguna prueba electrofísica, ni genética, ni mucho menos una perfilación o una psicometría -test estandarizados-, porque entre otras cosas el psiquiatra es inútil para interpretar pruebas médicas o psicológicas de verdad: no sabe. Lo que sabe es opinar. Ese es su diagnóstico.

A la Juez en cuestión se le practicaron tres periciales de parte. Un psiquiatra, un psicólogo y un enfermero hicieron tres evaluaciones independientes que certificaron que la Juez no padecía ninguna enfermedad psiquiátrica y que algunos de los síntomas podrían ser explicados por la situación de estrés y otros por el uso indebido de medicación psiquiátrica. No obstante se prosiguió con el internamiento y se siguió con el proceso todavía inconcluso de incapacitación.

Se mantuvo a la Juez en una residencia de ancianos, algo que no está previsto que sea posible en la ley, que en ningún caso habla de internamientos involuntarios en geriátricos, y dentro de ese internamiento se prohibieron las visitas incluso de su abogada, todo ello consentido por la justicia.

Llega un momento en el que la Juez “se cae” por las escaleras y se rompe la cadera y la residencia decide no mantener a la Juez allí, por lo que se la monta en una ambulancia y aparece en Palencia tomando el Juzgado decisiones inaudita parte, es decir, sin escuchar a la paciente, a sus allegados o a su letrada.

Y en Palencia reiteramos el escenario de desprotección judicial, y se admite de forma sumaria a un paciente que proviene de otra comunidad autónoma y de otra sede judicial, con la connivencia de la Fiscalía, y se prohiben las visitas y la letrada solo puede hablar con la juez “si está delante en todo momento la psiquiatra del centro”. ¿acaso la Juez necesita tanta protección? O acaso es necesaria tanta vigilancia.

La juez estaba aceptablemente bien para su edad cuando estaba ingresada en La Paz a pesar de la medicación, y estaba aceptablemente bien en la residencia de ancianos de Madrid. Lo único que se podría diagnosticar era un “leve deterioro cognitivo” a pesar de que tiene en la memoria todos los teléfonos de sus amigos y puede charlar amigablemente de cualquier tema. Y por ello se indicó que no se aceptaría ningún tipo de tratamiento farmacológico.

Pues bien, se le puso tratamiento, pero no para corregir ese posible deterioro cognitivo, sino un antipsicótico -que produce deterioro cognitivo-, porque la señora según el psiquiátrico de Palencia no paraba de decirles que “que era juez y catedrática de derecho constitucional y que se encontraba peor que cuando ocho comandos de la ETA la tenían en el punto de mira -todo lo cual es cierto-.

Y ahí tenemos a la Juez, como 65.000 casos anuales más, internada sin garantías, tratada con medicación que no solo no la ayuda sino que la perjudica, incomunicada e indefensa. 30.000 incapacitaciones, casi 100 esterilizaciones forzosas y un número indeterminado de abortos coactivos al año (en España).

Nada nuevo bajo el sol, y  no se hacen una idea de lo que es luchar contra toda esta maquinaria cuando existe una simbiosis perfecta entre psiquiatría, servicios sociales, policías, forenses, fiscalías y jueces, ayudando a personas a las que maliciosamente se ha debilitado y aislado y a las que no les queda ni paciencia, ni dignidad ni economía para defenderse. Eso sí, la mayor preocupación de la Ministra (que falta a la verdad) son algunas pseudociencias, sí, todas aquellas que no están bajo su control o para su propio interés.»  .-  D. Luís de Miguel Ortega